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El 22 de agosto de 1918, Luis Cabrera, uno de los ideólogos más importantes de la Revolución y cercano colaborador del presidente Carranza, declaró en Nueva York que las inversiones de las empresas mineras y petroleras que operaban en México estaban protegidas por la legislación nacional. Cabrera comentó que la Constitución de 1917 había definido un nuevo marco jurídico al reivindicar para la nación los recursos del subsuelo. Por ello, las concesiones y la situación de privilegio de la que gozaron las compañías petroleras durante el gobierno dictatorial de Díaz serían modificadas por nuevas concesiones más justas para México, sin que eso significara que no hubiera condiciones atractivas para la inversión. Confiaba en que las empresas lo entendieran y aumentaran sus inversiones en el país.
