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El 12 de agosto de 1918 se dio a conocer la respuesta del gobierno de México a la nota diplomática del gobierno británico en la que protesta por el decreto del 19 de febrero, que estableció impuestos a las empresas petroleras.
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que México no reconocía a ningún país extranjero el derecho de protestar ante decisiones soberanas sobre nuestros recursos naturales, basadas en el artículo 27 constitucional, que había establecido que los recursos del subsuelo pertenecían a la nación. El gobierno del presidente Venustiano Carranza no cedió a las presiones extranjeras y mantuvo el impuesto petrolero. Las empresas se ampararon y litigaron en los tribunales para evadir su pago, infructuosamente.