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El 4 de agosto de 1918 se dio a conocer el decreto petrolero expedido por el presidente Venustiano Carranza, que anulaba los anteriores:
Artículo 1o. Se establece un impuesto sobre los terrenos petrolíferos y sobre los contratos petroleros, que se hayan celebrado con anterioridad al 1o. de mayo de 1917 y que tengan por objeto el arrendamiento de terrenos para la explotación de carburos de hidrógeno o el permiso para hacer ésta por un título oneroso. Igualmente se gravan todos los contratos derivados de los que antes se especifican.
El monto del impuesto se mantuvo en cinco pesos anuales por hectárea, cuando la explotación fuera menor a 10 por ciento, y hasta 10 pesos cuando la explotación fuera mayor a 10 por ciento de la superficie. El presidente Carranza se mantuvo inflexible ante el cobro de impuestos petroleros, por lo que permaneció el distanciamiento con los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra hasta el fin de su administración.
