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El 8 de julio de 1918, el jefe del Estado Mayor Presidencial, Juan Barragán, informó a la opinión pública que el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, había sido detenido por sus actividades en contra del gobierno de la República y que se le expulsaría del país. Con esa medida, el gobierno del presidente Venustiano Carranza dio muestras de la firmeza con la que encaraba la actitud del clero, que se negaba a acatar la Constitución Política de 1917.
