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El gobierno del presidente Venustiano Carranza buscó controlar las líneas que estaban en manos de particulares, como el caso del Ferrocarril de Tehuantepec, pues la compañía responsable no cumplió con el objetivo de trasladar mercancías desde el Puerto de Salina Cruz.
Para corregir esto, el presidente Carranza envió una iniciativa al Congreso de la Unión en el que se cancelaba el contrato de arrendamiento del Ferrocarril de Tehuantepec para que pasara de nuevo a manos del gobierno federal. Se calculaban ganancias superiores a 15 millones de pesos oro, ya fuera por el servicio directo que ofreciera a través de los ferrocarriles constitucionalistas o entregando la concesión a otra empresa privada.
La zona del Istmo era una región económica importante, por lo que se requería impulsar el proceso de conexión de la red ferrocarrilera.
