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Con la finalidad de normalizar las relaciones financieras con Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y España, países que solicitaban el pago de deudas por daños y perjuicios, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Indemnizaciones, que establecía que, para dar cabida a las demandas de pago, una Comisión de Reclamaciones funcionaría de manera parecida a la que estableció el presidente Francisco I. Madero en 1911.
El comité estaría integrado por cuatro comisionados mexicanos que analizarían jurídicamente todas las reclamaciones y el presidente de la República dictaría el fallo definitivo para el pago, de ser el caso.