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En 1917 se registró un aumento de la violencia por las rebeliones villistas, zapatistas, felicistas y pelaecistas. Entre los objetivos principales de los rebeldes estuvieron los ferrocarriles, para evitar el traslado de la tropa del gobierno y para el pillaje de trenes de carga y pasajeros.
Fue tal el alza de atentados contra los ferrocarriles que el presidente Venustiano Carranza envió una iniciativa al Congreso de la Unión para decretar la pena de muerte en contra de los salteadores y rebeldes que atentaran contra las vías férreas, trenes y personas. Las constantes notas aparecidas en los diarios sobre atentados ferrocarrileros provocaron que el director general de los ferrocarriles constitucionalistas, Felipe Pescador, declarara al diario para hablar de la situación de ellos.
Ambos funcionarios trataron de demostrar que las líneas férreas estaban bajo control del gobierno carrancista, y que viajar era seguro. Sin embargo, los ataques a los ferrocarriles continuaron durante toda la administración de Venustiano Carranza.
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