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El 5 de noviembre de 1917, el diputado Luis Cabrera, uno de los colaboradores e ideólogos más cercanos al presidente Carranza, declaró a la prensa que el clero católico mexicano conspiraba contra el gobierno de la República. La jerarquía católica había sido enemiga de la revolución; desde la etapa maderista, financió la usurpación de Huerta y se opuso a la revolución constitucionalista.
Los jerarcas de la Iglesia manifestaron su rechazo a la Constitución Política promulgada el 5 de febrero de 1917 y a los artículos 3o. y 130, que prohibieron la enseñanza religiosa y la personalidad jurídica de las corporaciones religiosas.
El alto clero siguió conspirando contra el gobierno del presidente Carranza; los obispos emigrados no pudieron regresar al país durante su gobierno, pero continuaron su labor contra la Constitución en los siguientes años.