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El impuesto a la exportación del petróleo fue una importante fuente de recursos económicos para el gobierno de Venustiano Carranza. A pesar de las protestas de las compañías petroleras y de sus gobiernos, Carranza fue inflexible y no cedió a las presiones para reducir el monto establecido por tonelada de hidrocarburo exportada.
Carranza estaba consciente de la importancia de esta industria para el desarrollo del país, igual que el Congreso Constituyente de 1917, que en la redacción del artículo 27 ratificó la soberanía nacional de los yacimientos petroleros. Sin embargo, México no contaba con una industria petrolera capaz de desplazar a las compañías extranjeras, por lo que, durante la administración de Carranza, se sentaron las bases para el desarrollo de las compañías de explotación del hidrocarburo.
Por esa razón, el Ejecutivo expidió un decretó en donde se modificaba el cobro de impuestos a las empresas nacionales. Con esta reducción de impuestos, el gobierno de Carranza buscaba que la industria petrolera nacional se desarrollara en mejores condiciones económicas.
