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El 21 de septiembre de 1917, se anunció que el gobierno expropiaría diversas propiedades que estaban en poder del clero, que mantenía el control de ellas a través de prestanombres.
El gobierno del presidente Venustiano Carranza había realizado una investigación de esas propiedades con el fin de cumplir con la Constitución vigente, la cual prohibía al clero ser propietario de bienes raíces. Dichas propiedades serían expropiadas y administradas por el Departamento de Bienes Nacionales.