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El 1 de agosto de 1917, el presidente Venustiano Carranza envió una circular a los jueces civiles para que cumplieran puntualmente con la Ley de Relaciones Familiares, expedida en abril de ese año.
En esa circular, el titular del Ejecutivo señaló que los procedimientos y requisitos que pedían los jueces estaban en pugna con la citada ley, pues levantaban actas de presentación, publicaban pretensiones de los contrayentes y exigían numerosos requisitos que ya habían sido abolidos. Junto con la circular, el subsecretario del Interior, Manuel Aguirre Berlanga, envió a los jueces civiles modelos de los acuerdos y diligencias que tenían que seguirse para la celebración de matrimonios, dando un mes de plazo para que pudieran seguirlo. Los jueces que no lo hicieran, transcurrido ese plazo, serían removidos de su empleo.