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A propuesta de Rafael Nieto, subsecretario encargado del Despacho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presidente Venustiano Carranza presentó un decreto para el cobro de impuestos sobre los capitales que administraran las instituciones de beneficencia privada autorizadas a operar en nuestro país.
Dicho decreto estableció el cobro de un impuesto especial, bimestral, a razón de cinco al millar sobre el monto del capital que dichas beneficencias administraran. Este decreto sería efectivo a partir del 1 de septiembre de ese año. A pesar de la oposición de algunas instituciones de beneficencia privada, el decreto entró en vigor la fecha señalada y se comenzó a cobrar el impuesto correspondiente.
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