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El 15 de mayo de 1917, el Senado facultó a Venustiano Carranza para indultar, conmutar o reducir la pena a los rebeldes que ya habían sido procesados por la Ley del 25 de enero de 1862.
Al prohibir la pena de muerte, la Constitución vigente no permitía que se les aplicara ese castigo de manera retroactiva. No hubo quien hablara en contra, por lo que la iniciativa fue aprobada de manera unánime en lo general y en lo particular.
