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El 14 de mayo de 1917 se informó que la Secretaría de Fomento había otorgado varias concesiones para la explotación de minas de oro, plata, plomo y zinc en diversos estados de la República.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, estableció la soberanía de la Nación sobre los recursos naturales y definió las bases para la explotación minera. Sobre esas bases, el 17 de febrero de ese año, Carranza fijó un ultimátum a las empresas para que reabrieran las minas, si no lo hacían se les podrían cancelar las concesiones, se declararían caducos sus contratos y serían intervenidas por el gobierno.
Las primeras empresas mineras que respondieron a ese llamado fueron las que informó la prensa y a las que el gobierno renovó su concesión.
