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En 1917 y 1918 la exportación petrolera alcanzó niveles históricos nunca vistos, lo que motivo al gobierno a establecer, el 19 de febrero de 1918, un impuesto sobre los terrenos petroleros y los contratos para ejercer control de la industria. Esto provocó una nueva ola de protestas de los empresarios petroleros, quienes de nueva cuenta pidieron al gobierno estadunidense intervenir en nuestro país y defender sus intereses.
El Departamento de Estado del país del norte envió una nota diplomática pidiéndole al gobierno mexicano derogar el nuevo impuesto petrolero, alegando que las ganancias obtenidas por las compañías petroleros hacía imposible pagarlo, además de exigir seguridad para las vidas de los empleados y los bienes de esas empresas.
El gobierno de Carranza rechazó cualquier intento de intervención en las leyes del país, haciendo valer la soberanía nacional en los asuntos petroleros.
