Durante el gobierno de Porfirio Díaz se otorgaron concesiones a empresas extranjeras para la explotación de los recursos naturales. Muchas hectáreas de bosques, valles, lagos y minas quedaron bajo el dominio de compañías extranjeras que no pagaban impuestos al erario nacional, causando un grave perjuicio no sólo a la economía del país sino también a los habitantes de dichas regiones, ya que en muchas ocasiones fueron despojados, por estas compañías deslindadoras, de sus terrenos comunales.

Una de las tareas más apremiantes para el gobierno del Primer Jefe, Venustiano Carranza, fue revisar estas concesiones excesivas, y regresar al país la soberanía de estos territorios. Con la entrada en vigor del artículo 27 de la Constitución de 1917, se estableció un marco legal para que México recuperara las riquezas naturales del país que le habían sido arrebatadas. Por esa razón, el 24 de abril de 1917, el Gobierno anunció que se declararon caducos los contratos establecidos con tres compañías inglesas y una norteamericana que abarcaban más de 14 millones de hectáreas en los estados de Baja California y Chiapas.

Con esta recuperación de territorios nacionales, la Secretaría de Fomento establecería nuevos proyectos productivos en estas regiones, como la construcción de una línea ferroviaria que uniera los estados de Chiapas con Campeche, Tabasco, Yucatán y el territorio de Quinta Roo, mientras que en Baja California se impulsaría la pesca y la agricultura.