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El 10 de septiembre de 1918, 18 empresas petroleras estadunidenses y europeas se ampararon contra el decreto del presidente Venustiano Carranza del 19 de febrero de ese año que estableció un impuesto a los campos petroleros y a la producción del hidrocarburo. Las empresas interpusieron un amparo ante el juez federal de Tuxpan, Veracruz. El subsecretario de Hacienda, Rafael Nieto, giró instrucciones para entregar a las autoridades judiciales los elementos suficientes para analizar el caso y emitir su fallo.
