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El 18 de mayo de 1918 se dio a conocer un decreto del presidente Venustiano Carranza mediante el cual se determinaba que las monedas de oro extranjeras eran de curso legal “con poder liberatorio ilimitado”. Esta medida buscaba responder a la escasez monetaria que afectaba varias regiones del país.
En sus considerandos, el decreto señaló que en el norte y occidente mexicanos se presentaba escasez de moneda nacional, así que los particulares se veían obligados a emplear moneda extranjera, lo que ocasionaba que se les descontaran grandes cantidades de su valor. Esa situación afectaba tanto a los dueños del dinero como a los comerciantes y al gobierno, que obtenía menores impuestos.