- PÚBLICO: General
- INFORMES: (55) 3601 1000 ext. 68391
- Ir al sitio Web
La Ley Electoral para renovar los poderes federales, enviada por el presidente Venustiano Carranza para su revisión a principios del mes de mayo de 1918, provocó grandes debates dentro de la Cámara de Senadores. Una de las mayores polémicas de esta ley está relacionada con los derechos ciudadanos de los votantes. El tema más polémico fue la discusión del artículo 36, en el que se les suspendieron los derechos electorales a los vagos, prisioneros, pordioseros, souteneurs (lenones), dueños de prostíbulos, tahúres y galleros.
El argumento central era que estos individuos, al dedicarse a actividades denigrantes para la sociedad, no tenían derecho a participar en los comicios, ya que su voto dañaría el ejercicio democrático. El senador Juan Sánchez Azcona se opuso a que se les quitaran sus derechos ciudadanos, pues muchos de estos individuos ejercían dichos roles por la falta de oportunidades para dedicarse a empleos honrados. Al final, estas restricciones fueron aprobadas con 38 votos a favor y uno en contra, el de Sánchez Azcona. De esta manera, dichas personas quedaron excluidas de las elecciones hasta la reforma electoral de 1940.