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El 14 de febrero de 1918, el periódico El Pueblo publicó un editorial en el que explicó las razones por las cuales se habían suprimido las secretarías de Justicia y de Instrucción Pública. En el caso de la Secretaría de Justicia, señaló que sus funciones se limitaban a mantener relaciones con los Tribunales Federales, con el Ministerio Público y a realizar la estadística de los delitos, por lo que sus facultades se restringían sólo al Distrito Federal.
Respecto a la de Instrucción Pública y Bellas Artes, el editorial subrayó que la facultad de organizar y supervisar la instrucción pública era de los estados, por lo que la secretaría sólo podía regular la educación en el Distrito Federal y en los Territorios Federales.